Un caso llega a los tribunales: un punto de inflexión en la República Dominicana

El nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley 74-25) entró en vigor el 3 de agosto. Los legisladores tuvieron años de debate y todas las oportunidades para incluir las tres causales. Decidieron no hacerlo. El nuevo código mantiene la prohibición total del aborto, sin excepciones, lo que convierte al caso que ahora está ante el Tribunal Constitucional en el camino más claro que queda para lograr un cambio. Lo que está en juego, descrito a continuación, ahora es aún mayor.

Por primera vez, la lucha contra una de las prohibiciones del aborto más extremas del mundo se presenta ante la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana. Un caso presentado por Rosa, la madre de una joven que murió después de que se le negara la atención médica que le habría salvado la vida, se encuentra ahora ante la Corte Constitucional. Después de más de una década de lucha, ese hecho por sí solo es un hito: una señal de que una lucha que durante mucho tiempo fue relegada a un segundo plano ha llegado al centro de la vida jurídica del país. Esa prohibición ha sido trasladada ahora, sin cambios, al nuevo Código Penal del país, en vigor desde el 3 de agosto de 2026.

Por qué este caso es importante ahora

La República Dominicana aplica una prohibición total del aborto. No permite excepciones: ni cuando el embarazo es resultado de una violación, ni cuando la paciente es una menor, ni cuando continuar con el embarazo pondría en riesgo la vida de la paciente, ni cuando el feto no puede sobrevivir fuera del útero. En este contexto, buscar atención médica puede considerarse un delito, y los profesionales a quienes las personas acuden en una situación de crisis pueden enfrentar acciones legales por brindar ayuda.

El caso de Rosa pide a la corte que reconozca lo que los defensores de toda la región llaman las tres causales — tres excepciones mínimas: cuando un embarazo es resultado de una violación, cuando la vida de la persona embarazada corre peligro y cuando el feto no puede sobrevivir. Estas no son exigencias radicales. Son el mínimo que gran parte del mundo ya da por sentado, lo mínimo requerido para evitar que una ley perjudique a las mismas personas que pretende proteger.

El hecho de que la Corte Constitucional esté ahora analizando el caso es, en sí mismo, la noticia. Durante años, este debate se vivió en las calles, en las clínicas y en la determinación de las familias que se negaron a dejar que sus historias cayeran en el olvido. Ahora se encuentra en la máxima instancia donde se examinan las leyes del país. Una audiencia aún no es una victoria, pero es la puerta a través de la cual la victoria se vuelve posible.

Una madre que se negaba a soltarlo

La hija de Rosa tenía dieciséis años cuando murió, a la que se le negó el tratamiento que sus médicos sabían que podía salvarla porque estaba embarazada. En los años posteriores, Rosa ha llevado el nombre de su hija desde el dolor a la acción, trabajando junto a una organización asociada de Fòs Feminista y una amplia coalición de defensoras feministas para llevar el caso hasta este punto. Su persistencia es la razón por la que se reabrió una pregunta cerrada y la razón por la que el tribunal debe ahora responderla.

Esto es lo que mejor saben hacer los movimientos feministas: se niegan a aceptar que una ley injusta sea permanente. Convierten una pérdida privada en una demanda pública. Y siguen adelante mucho después de que los titulares hayan pasado a otro tema, que es precisamente la forma en que un caso como este perdura el tiempo suficiente para ser escuchado.

Lo que la atención del tribunal no borra

Funcionarios dominicanos han señalado cifras alentadoras de salud pública este año, incluyendo una disminución reportada en la mortalidad materna. Estos logros son reales, y las personas que trabajan en los sistemas de salud dominicanos merecen crédito por ellos. Pero el progreso medido en promedios no llega a la persona que se encuentra al borde de una excepción que no existe: la paciente con cáncer, la superviviente de violencia, la niña que lleva un embarazo que no puede continuar de forma segura. Un país puede reducir sus números generales y aun así dejar a personas específicas sin ninguna vía legal para recibir atención. Las víctimas de estas leyes rara vez aparecen en las estadísticas. Esa es parte de la razón por la que tales leyes perduran.

Una resolución favorable tampoco disolvería todas las barreras de la noche a la mañana. Aun con las tres excepciones reconocidas, las personas seguirían enfrentando miedo, estigma y un sistema de salud que ha sido enseñado a tratar a los pacientes como riesgos legales. El caso judicial es un comienzo, no un final.

Parte de una noticia regional

Lo que está sucediendo en la República Dominicana no es un caso aislado. En toda América Latina y el Caribe, estas mismas cuestiones se están resolviendo en los tribunales, las clínicas y las asambleas legislativas. En algunos lugares, el Ola verde ha ampliado el acceso; en otros, medidas recientes han dificultado que las sobrevivientes más jóvenes de violencia accedan a la atención que la ley ya les otorga. Los derechos que existen solo en el papel, o solo donde un proveedor está dispuesto a actuar, aún no son derechos seguros. El progreso en un país fortalece el argumento en el siguiente, y un revés en cualquier lugar presiona a todos.

Por eso la solidaridad transfronteriza importa más cuando una pregunta sigue abierta, no después de que se haya decidido. Fòs Feminista trabaja junto a aliados liderados por feministas en la República Dominicana y en toda la región, ofreciendo recursos, visibilidad y apoyo constante para que los defensores locales puedan continuar mientras la lucha lo requiera.

Quédate con esta historia

Los casos judiciales avanzan lentamente, a menudo lejos de la vista del público, y la atención tiende a dispersarse antes de que llegue el resultado. Esa dispersión no es neutral, es la condición bajo la cual sobreviven las leyes extremas. Rosa no permitiría que su hija se convirtiera en una nota al pie de página. Lo mínimo que podemos hacer el resto de nosotros es seguir observando, seguir aprendiendo y apoyar a los movimientos que impulsan esto.

El caso ya está ante el tribunal. Ahora es el momento de mostrar solidaridad.