Historias
A pesar de las tensiones, los gobiernos de América Latina y el Caribe reafirman su compromiso con la SDSRJ
Por Cristina Francisco y Rebecca Reisdorf
Versión en español más abajo.
Los gobiernos de casi todos los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, a principios de este mes, para participar en la Quinta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (CRPD). Dado que la salud, los derechos y la justicia sexuales y reproductivos (SDSR) se ven amenazados tanto en la región ALC como a nivel mundial, esta reunión supuso una importante oportunidad para que el movimiento feminista y los gobiernos aliados defendieran la continua relevancia e importancia de los SDSR, reafirmando el Consenso de Montevideo, uno de los documentos intergubernamentales regionales más progresistas adoptados por 32 gobiernos de ALC en 2013.
El contexto global
Este año se cumplen 30 años.th Aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) y el próximo año se conmemora el 30.ºth aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Igualdad de Género, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de salud e igualdad de género están muy lejos de alcanzarse. Por lo tanto, el mundo se encuentra en un momento crucial para seguir avanzando en ambas agendas. Esto es aún más crucial si se tiene en cuenta el posible cambio político en las próximas elecciones de Estados Unidos, que probablemente tendrán un impacto inmediato en la región de América Latina y el Caribe, donde Estados Unidos sigue siendo un actor político activo.
El contexto regional
La región de América Latina y el Caribe presenta un panorama político interesante, en el que una serie de victorias electorales en los últimos años han llevado a países como Chile, Brasil, Colombia y Guatemala a adoptar un liderazgo gubernamental progresista, mientras que otros, como Argentina y El Salvador, están ahora dirigidos por gobiernos ultraconservadores. Este último sigue aplicando una de las políticas más regresivas en materia de control de los cuerpos de las mujeres y las personas de género diverso: la prohibición total del aborto.
Al igual que en El Salvador, los derechos sexuales y reproductivos están en el punto de mira de los gobiernos conservadores de la región: Milei, en Argentina, eliminó el Ministerio de la Mujer en los primeros meses de su presidencia, y el gobierno de Lula da Silva no ha podido impedir que el Congreso, controlado por los conservadores, impulse la penalización del aborto en etapas avanzadas del embarazo en Brasil.
Sin embargo, la reacción contra los derechos sexuales y reproductivos no solo se observa a nivel nacional. Los gobiernos conservadores de América Latina y el Caribe utilizan cada vez más los espacios de toma de decisiones regionales y globales para promover sus agendas regresivas. El ejemplo más reciente se observó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Asunción, Paraguay, en junio. Conocida por ser un espacio complicado, influenciado por grupos religiosos y conservadores bien financiados, la última Asamblea contó con una amplia participación de Paraguay y Argentina, que presionaron contra el derecho a la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos en general. La elección de jueces conservadores para la Corte Interamericana de Justicia en la Asamblea fue otro resultado preocupante que plantea inquietudes sobre los futuros casos que se presenten ante la corte, en particular los relacionados con el derecho a la salud sexual y reproductiva.
El Consenso de Montevideo y el liderazgo de la región de América Latina y el Caribe en materia de derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva
En una región plagada de desigualdad y dinámicas políticas cambiantes, el Consenso de Montevideo se erige como un faro de esperanza. Dedica un capítulo completo a los servicios de salud sexual y reproductiva, otro a la igualdad de género, a las comunidades indígenas, a los afrodescendientes, a los jóvenes, adolescentes y niños, así como a las poblaciones migrantes. Fue un acuerdo histórico y sigue siendo uno de los documentos intergubernamentales más progresistas a nivel mundial.
Desde la aprobación del Consenso hace más de 10 años, la región de América Latina y el Caribe ha asumido un papel de liderazgo en los espacios multilaterales internacionales, posicionando la agenda de los derechos sexuales y reproductivos desde el Sur Global. La región ha defendido y respaldado la educación sexual integral (ESI) en estos espacios de toma de decisiones, y el movimiento de la ola verde, que ha traspasado fronteras y océanos, ha propiciado la despenalización del aborto en varios países de la región, más recientemente en Colombia, Argentina y muchos estados de México.
Sin embargo, el liderazgo de la región va más allá de la defensa de esta agenda en los espacios multilaterales. Al estar situada en el Sur Global, con experiencia de primera mano en dinámicas macroeconómicas perjudiciales como la deuda, las medidas de austeridad, las sanciones y los flujos financieros ilícitos, la región es capaz de demostrar las intersecciones entre la justicia en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos y estas dinámicas globales. De esta manera, actúa como puente con otras regiones del Sur Global, sometidas a políticas similares que perjudican las economías de los países y afectan directamente a los derechos sexuales y reproductivos y la justicia de género de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso. Las medidas de austeridad impuestas, por ejemplo, afectan al gasto público en salud y servicios sociales, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.
La Quinta RCPD
Desde la adopción del Consenso de Montevideo, la región de América Latina y el Caribe se reúne cada dos años para hacer balance y revisar la aplicación del Consenso. El año pasado, en una reunión del órgano rector de esta conferencia regional, se debatió la necesidad de reforzar el lenguaje relacionado con las comunidades sistemáticamente excluidas, y algunos gobiernos y otras partes interesadas destacaron la necesidad de utilizar un lenguaje que priorice los derechos de las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas. Los miembros de estas comunidades han destacado la desigualdad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en toda la región. Informes regionales El informe, elaborado por la Alianza Fos Feminista con datos recopilados por más de 20 organizaciones y redes, muestra que las desigualdades territoriales afectan el acceso de las comunidades rurales, en su mayoría indígenas, y que las políticas discriminatorias limitan la accesibilidad de las personas con discapacidad.
En este contexto, la Quinta RCPD, organizada por Colombia, fue diferente a las anteriores, ya que las mujeres con discapacidad de toda la región alzaron sus voces para exigir inclusión y rendición de cuentas, y para que se respetaran sus derechos sexuales y reproductivos. Alzaron la voz para exigir visibilidad y reconocimiento, no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres con discapacidad, por ser mujeres afrodescendientes e indígenas con discapacidad y por sus diversas identidades y orientaciones sexuales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo responsable de organizar esta reunión, en colaboración con la oficina regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y los gobiernos, proporcionó interpretación a lengua de señas y un panel dedicado a la discapacidad en la agenda principal. Además, la Declaración de la sociedad civil fue leído por una mujer que dirige una organización de derechos de las personas con discapacidad en Argentina, lo que supuso un hito importante en la inclusión de las voces de esta comunidad.
Este mayor reconocimiento no habría sido posible sin el arduo trabajo de organizaciones y colectivos liderados por mujeres con discapacidad, con el apoyo de aliados del movimiento feminista en general, que continúan trabajando a nivel comunitario, nacional y regional para promover los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva mediante la prestación de servicios, la educación, la incidencia política y una colaboración más intensa.
La resolución
Además de los esfuerzos realizados para incluir las voces de las mujeres con discapacidad en la convocatoria, el Resolución, Un documento político aprobado por unanimidad tras intensas negociaciones entre los gobiernos y la activa defensa del movimiento feminista marca cuatro importantes victorias políticas que ilustran el impacto de este trabajo colaborativo.
En primer lugar, establece el denominado Grupo de Cartagena, un grupo intergubernamental que trabaja en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Este grupo tiene como objetivo “examinar posibles estrategias para promover la inclusión de las personas con discapacidad”, lo que pone de manifiesto la prioridad que se concede a esta comunidad sistemáticamente excluida en la región, como resultado de sus enérgicas demandas de mayor visibilidad y participación.
En segundo lugar, la Resolución reafirma el Consenso y todos los elementos que lo componen, citándolo como una “hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030”. En tercer lugar, hace un llamado a “fortalecer las sinergias y ampliar la cooperación” de diversos organismos regionales con el “participación de la sociedad civil […] relacionados con los temas del Consenso de Montevideo”. En un contexto global de cierre del espacio cívico, se trata de una importante victoria política.
Por último, una mención específica a “proteger la salud sexual y reproductiva». derechos” de las mujeres, los adolescentes, los jóvenes, las niñas y los niños, se incluyó por primera vez en 11 años, desde que se adoptó el Consenso. Esto no solo ilustra la prioridad que los Estados siguen otorgando a la agenda, sino que también sirve como recordatorio del Programa de Acción de la CIPD, en su 30.ºth Año de existencia. La inclusión de “derechos” en lugar de salud o servicios sienta un precedente al situar el debate en el contexto más amplio de los derechos humanos.
Aunque celebramos estas cuatro victorias, observamos que durante las negociaciones surgieron cuestiones clave que nos preocupan. El continuo rechazo por parte de algunos Estados de las diversas identidades de género fue un tema muy debatido. Esto debilitó el lenguaje de la Resolución en relación con la recopilación de datos desglosados. Algunos Estados sugirieron inicialmente datos desglosados por diversas identidades, incluida la identidad de género, pero posteriormente se descartó debido a la oposición. El texto final “insta a los gobiernos de la región a que deciden hacerlo voluntariamente seguir fortaleciendo sus sistemas […] para generar y difundir de manera transparente […] datos desglosados por identidad de género […]”. Esto no es ninguna sorpresa, ya que incluso en el Consenso no se incluyen suficientemente los derechos y las necesidades de las personas transgénero y de género diverso. Sin embargo, supone una importante oportunidad de promoción para garantizar la inclusión de todas las comunidades sistemáticamente excluidas.
Mirando hacia el futuro
Si bien acogemos con satisfacción los resultados de esta reunión regional, seguimos instando a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que garanticen la financiación y la aplicación de políticas y programas que cumplan las promesas formuladas en el Consenso de Montevideo. Al entrar en el segundo semestre del año, en el que casi la mitad de la población mundial ha acudido o acudirá a las urnas para elegir a sus líderes, y en el que los jefes de Estado se reunirán en la Cumbre del Futuro en septiembre, la SRHRJ seguirá siendo un tema de interés. Por esta razón, esperamos que los gobiernos de América Latina y el Caribe defiendan la SRHRJ en los espacios multilaterales mundiales como una voz fuerte del Sur Global.
ESPAÑOL
A principios de este mes, los gobiernos de la mayoría de los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, para participar en la V Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (RCPD). Dicha reunión fue una oportunidad importante en términos de incidencia política para el movimiento feminista y los gobiernos aliados, en un contexto regional y global donde la salud, los derechos y la justicia sexual y reproductiva (SDJSR) están bajo amenaza. Asimismo, fue un momento clave para subrayar la continua relevancia e importancia de la SDJSR y la reafirmación del Consenso de Montevideo, uno de los documentos intergubernamentales más progresistas de la región adoptados por 32 gobiernos de ALC en 2013.
Contexto global
Este año se conmemora el 30º aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) y el próximo año se conmemora el 30º aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Igualdad de Género. Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de salud e igualdad de género están lejos de alcanzarse. Es por estos antecedentes que nos encontramos en un momento crucial para seguir avanzando en ambas agendas. Además, las próximas elecciones de Estados Unidos a finales de este año presentan la posibilidad de un cambio político hacia el conservadurismo. Siendo este país un actor político clave en América Latina y el Caribe, este giro tendrá, sin duda, un impacto inmediato en la región, en particular en la SDJSR.
Contexto regional
En América Latina y el Caribe, una serie de victorias electorales en los últimos años ha dado lugar a gobiernos progresistas, como es el caso de Chile, Brasil, Colombia y Guatemala. Por el contrario, otros países de la región cuentan con gobiernos ultraconservadores, como en Argentina y El Salvador, este último destacado por tener una de las políticas más regresivas en materia de autonomía corporal de las mujeres y personas de género diverso, siendo la prohibición total del aborto.
Al igual que en El Salvador, la SDSRJ es motivo de especial atención en las agendas conservadoras de la región. El gobierno del presidente Milei en Argentina eliminó el Ministerio de la Mujer en los primeros meses de su mandato, mientras que el gobierno del presidente Lula da Silva no pudo detener un proyecto de ley impulsado por congresistas conservadores, que buscaba penalizar los abortos en etapas avanzadas en Brasil.
Estos ataques a la SDJSR no se observan solo a nivel nacional. Los gobiernos conservadores de América Latina y el Caribe utilizan cada vez más las instancias regionales y globales de toma de decisiones para avanzar en sus agendas regresivas. El ejemplo más reciente se registró en la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Asunción, Paraguay, el pasado mes de junio. Comúnmente conocida como un espacio de alta complejidad política, e influenciada por grupos religiosos y conservadores bien financiados, la Asamblea contó con una amplia participación de representantes de Paraguay y Argentina, cuyos diplomáticos cuestionaron puntos de la agenda relacionados con la SDSRJ y los derechos humanos en general. Otro resultado preocupante fue la elección de jueces conservadores para la Corte Interamericana de Justicia durante esta sesión de la Asamblea. Dicho contexto genera dudas respecto a futuros procedimientos legales presentados ante la corte, en particular, los que se relacionan con la SDJSR.
El Consenso de Montevideo y el liderazgo de la región de América Latina y el Caribe en materia de SDJSR
El Consenso de Montevideo (2013) se erige como un faro de esperanza en una región altamente desigual y sujeta a dinámicas políticas cambiantes. Este Consenso dedica un capítulo entero a los servicios de salud sexual y reproductiva, otro a la igualdad de género, a las comunidades indígenas, a los afrodescendientes, a los jóvenes, adolescentes, niñas y niños, así como a las poblaciones migrantes. Resultando en un acuerdo histórico, este sigue siendo uno de los documentos intergubernamentales más progresistas a nivel mundial.
Desde su aprobación hace más de 10 años, la región de América Latina y el Caribe ha asumido un papel crucial en espacios multilaterales a nivel internacional, posicionando la agenda de SDJSR desde el Sur Global. A modo de ejemplo, la región ha defendido y respaldado la educación integral en sexualidad (EIS) en diversos espacios de toma de decisión. Además, el movimiento de la ola verde, nacido en Argentina, se ha extendido más allá de las fronteras y océanos y ha logrado la despenalización del aborto en varios países de la región, más recientemente en Colombia, Argentina y muchos Estados de México.
Además de ser defensora de esta agenda, la región desempeña un papel de intermediario con otras regiones. Al estar situada en el Sur Global, la mayoría de los países de la región cuentan con experiencia de primera mano en dinámicas macroeconómicas perjudiciales como la deuda, las medidas de austeridad, las sanciones y los flujos financieros ilícitos. La SDJSR en la región se ve afectada por estas dinámicas macroeconómicas. Por ejemplo, las medidas de austeridad forzadas afectan el gasto público en servicios sociales y de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Es por ello que la región puede actuar como puente con otras regiones del Sur Global, sometidas a políticas similares que dañan no solo las economías de los países, sino que afectan directamente a la SDJSR de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso.
La Quinta CRPD
Desde la adopción del Consenso de Montevideo, los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe se reúnen cada dos años para hacer un balance y revisar la implementación del Consenso. El año pasado, en una reunión del órgano directivo de la CRPD, algunos gobiernos y otras partes interesadas resaltaron la necesidad de fortalecer el lenguaje relacionado con las comunidades sistemáticamente excluidas, tales como las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas. Los miembros de estas comunidades de toda la región destacan la desigualdad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, las desigualdades territoriales afectan el acceso a la salud de las comunidades rurales, en su mayoría indígenas. Además, las políticas capacitistas limitan la accesibilidad para las personas con discapacidad, según los iInformes regionales elaborados por la Alianza Fos Feminista, con datos recopilados por más de 20 organizaciones y redes regionales y nacionales.
En este contexto, la Quinta CRPD, celebrada este año y liderada por el gobierno de Colombia, fue diferente a las anteriores. Las mujeres con discapacidad de toda la región alzaron sus voces para exigir inclusión y una debida rendición de cuentas. Además, llamaron a que se respetara su SDJSR. Se pronunciaron para exigir visibilidad y reconocimiento, no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres con discapacidad, afrodescendientes e indígenas con discapacidad y por sus diversas identidades y orientaciones sexuales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo responsable de organizar esta reunión, en colaboración con la oficina regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y los distintos gobiernos, proporcionaron interpretación en lenguaje de señas durante la reunión y organizaron un panel dedicado a los derechos de las personas con discapacidad durante la agenda principal. En dicha instancia, una mujer de un colectivo de mujeres con discapacidad de Argentina leyó la Declaración de la Sociedad Civil, documento elaborado por más de 300 organizaciones y redes de la sociedad civil, marcando otro hito importante en la inclusión de las voces de esta comunidad.
El reconocimiento y la priorización de las mujeres con discapacidad fue posible gracias al arduo trabajo de las organizaciones y colectivos liderados por mujeres con discapacidad, con el apoyo de aliadas en el movimiento feminista más amplio. Son estos grupos los que continúan trabajando a nivel comunitario, nacional y regional para promover la SDJSR a través de la prestación de servicios, la educación, la incidencia política y una intensa colaboración.
La Resolución
Además de los esfuerzos realizados para incluir las voces de las mujeres con discapacidad en la reunión, la Resolución– documento político aprobado por unanimidad tras acaloradas negociaciones entre los gobiernos y la incidencia política activa del movimiento feminista – marca cuatro importantes victorias políticas que ilustran el impacto de este trabajo colaborativo.
En primer lugar, se crea el “Grupo de Cartagena”, un grupo intergubernamental que trabajará en los derechos de las personas con discapacidad, y que tiene como objetivo “examinar posibles estrategias para avanzar en la integración de las personas con discapacidad“Este resultado es otro producto de las demandas por una mayor visibilidad y participación de las mujeres con discapacidad.
En segundo lugar, la Resolución reafirma el Consenso y todos los elementos que lo componen, citándolo como una “Hoja de ruta regional para la implementación de la Agenda 2030“En tercer lugar, llama a” fortalecer las sinergias y profundizar los espacios de cooperación”de diversos organismos regionales con la“participación de la sociedad civil […] relacionados con los temas del Consenso de Montevideo“En un contexto global donde la sociedad civil y el espacio cívico están bajo amenaza, esta mención representa otra importante victoria política.
Finalmente, por primera vez en once años desde la adopción del Consenso, la Resolución hace mención específica a la “protección de los derechos sexuales y reproductivos”de las mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas y niños. Esto demuestra la continua priorización de esta agenda por parte de los Estados, y sirve como recordatorio del Programa de Acción de la CIPD, en su 30º año de existencia. La inclusión de “derechos” en lugar de “salud o servicios”, marca un precedente al situar el debate en el contexto más amplio de los derechos humanos.
Aunque celebramos estas cuatro victorias, también surgieron ciertos argumentos preocupantes durante las negociaciones entre los países. Algunos Estados siguen rechazando las diversas identidades de género, debilitando el lenguaje inclusivo en el uso de datos desglosados en la Resolución. A pesar de que ciertos gobiernos recomendaron incluir un lenguaje inclusivo sobre datos desglosados por identidades diversas, incluyendo la de género, esto no se mantuvo en el texto final. La Resolución “insta a los gobiernos de la región a que voluntariamente lo decidan para seguir fortaleciendo sus sistemas […] producir y divulgar con transparencia […] datos, desglosados por identidad de género […]“Esto no sorprende, ya que incluso en el Consenso, los derechos y necesidades de las personas transgénero y de género diverso no están suficientemente incluidos. Sin embargo, el debate presenta una importante oportunidad de incidencia para garantizar la inclusión de todas las comunidades sistemáticamente excluidas.
Mirando hacia el futuro
Si bien acogemos los resultados de esta reunión regional, instamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a garantizar la financiación y la implementación de políticas y programas que cumplan con las promesas hechas en el Consenso de Montevideo. La SDJSR seguirá siendo un tema prioritario en el segundo semestre de este año, en el que casi la mitad de la población mundial ha acudido y acudirá a las urnas para elegir a sus líderes, y en el que los jefes de Estado se reunirán en la Cumbre del Futuro en septiembre. Por esta razón, esperamos que los gobiernos de ALC sigan siendo una voz fuerte del Sur Global en defensa de la SDJSR dentro de los espacios multilaterales.