Levantando la ola verde en México

El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que las sanciones penales por aborto son inconstitucionales porque violan la dignidad humana, la autonomía, la igualdad, la salud reproductiva y la libertad, entre otros derechos.

Al derogar la penalización de las mujeres establecida por la ley del aborto del estado de Coahuila, que castigaba el aborto con hasta tres años de cárcel, la Suprema Corte de Justicia ha sentado un precedente histórico para la despenalización del aborto en todo el país.

Dos días después, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la protección de “la vida desde el momento de la concepción” establecida por el estado de Sinaloa. Aunque los estados de México tienen sus propias leyes sobre el aborto, las sentencias de la Suprema Corte se aplican a nivel nacional, y los estados deben ahora armonizar sus leyes con el precedente nacional.

Si bien estas decisiones tienen un impacto inmediato en la despenalización de las mujeres, las niñas y las personas que pueden quedar embarazadas, su puesta en práctica en forma de prestación de servicios del sector público aún requerirá tiempo y regulación. La implementación exigirá esfuerzos de promoción y acceso por parte de los grupos locales para que el gobierno estatal y los proveedores de servicios de salud rindan cuentas y se amplíe el apoyo a las mujeres, las niñas y otras personas embarazadas que desean abortar.

Fòs Feminista proporciona financiamiento y apoyo a más de una docena de grupos en México, desde destacadas activistas por el derecho al aborto y proveedores nacionales de servicios de salud sexual y reproductiva, hasta colectivos comunitarios y redes locales de acompañamiento para el aborto seguro. La diversidad de estas alianzas significa que estamos aplicando una variedad de estrategias, desde la educación comunitaria hasta los litigios estratégicos, con el fin último de crear un movimiento más fuerte para promover el acceso al aborto.

“Creo que estas son decisiones innovadoras para replantear el debate sobre el aborto no solo en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial”, dijo Giselle Carino, directora ejecutiva de Fòs Feminista. “Esta vez, la cuestión que se debate no es si las personas están “a favor o en contra” del aborto, sino si una mujer o una persona embarazada debe ser encarcelada por abortar. La Suprema Corte de Justicia de México ha respondido hoy correctamente: no”.”

Semanas después de la decisión de despenalizar el aborto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió otro fallo que abrió aún más oportunidades para ampliar el acceso al aborto seguro y legal. El 21 de septiembre, la Suprema Corte impuso limitaciones al uso de la objeción de conciencia por parte del personal de salud, aclarando que, si bien se trata de un derecho individual, el gobierno debe garantizar que haya personal no objetor en todos los centros de salud o, al menos, en la misma zona.

Estamos apoyando a nuestros socios para que analicen e integren las implicaciones legales de estas sentencias en su trabajo, con el fin de garantizar su implementación a nivel estatal y ampliar el acceso al aborto. Por ejemplo, estamos facilitando la colaboración Sur-Sur entre socios, incluyendo capacitaciones para proveedores de telesalud y redes de acompañamiento sobre el nuevo contexto legal. Algunos de nuestros socios también están llevando a cabo una labor de promoción de alto nivel con los congresos estatales para garantizar que los códigos penales se armonicen con la decisión de la Suprema Corte de Justicia.

En un contexto en el que las mujeres y niñas indígenas y rurales son más propensas a ser criminalizadas por abortar, también nos estamos enfocando en aumentar el acceso para ellas y otras personas que enfrentan una exclusión sistémica. Con este fin, estamos facilitando una capacitación Sur-Sur sobre cómo integrar los derechos al aborto en las actividades educativas de un socio que se centra en los derechos indígenas, incluida la salud sexual y reproductiva de los jóvenes en las zonas rurales de Oaxaca. También estamos apoyando a un socio que llega a las mujeres y niñas a lo largo de las rutas migratorias hacia el norte.

Mientras tanto, estas victorias para los derechos al aborto contrastan fuertemente con lo que está sucediendo al otro lado de la frontera con México, en Texas, donde recientemente se impuso una prohibición draconiana que prohíbe el aborto después de seis semanas de embarazo, antes de que muchas personas sepan que están embarazadas. Apenas unos días antes de las sentencias de la Suprema Corte de México, la Corte de los Estados Unidos se negó a derogar la ley, y las mujeres, las niñas y otras personas embarazadas en Texas que desean abortar quedan desprotegidas mientras el debate continúa en los tribunales federales.

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de México demuestran cómo los litigios estratégicos pueden ser una herramienta poderosa para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Ya están teniendo un impacto en la argumentación de casos similares en otros países de América Latina y el Caribe, como Colombia y Ecuador, y sirven de inspiración para los activistas por el derecho al aborto en Estados Unidos y otros países.