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Por Cristina Francisco y Rebecca Reisdorf
A principios de este mes, los gobiernos de la mayoría de los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, para participar en la V Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (RCPD). Dicha reunión fue una oportunidad importante en términos de incidencia política para el movimiento feminista y gobiernos aliados, en un contexto regional y global donde la salud, los derechos, y la justicia sexual y reproductiva (SDJSR) están bajo amenaza. Asimismo, fue un momento clave para subrayar la continua relevancia e importancia de la SDJSR y la reafirmación del Consenso de Montevideo, uno de los documentos intergubernamentales más progresistas de la región adoptados por 32 gobiernos de ALC en 2013.
Contexto global
Este año se conmemora el 30º aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) y el próximo año se conmemora el 30º aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Igualdad de Género. Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de salud e igualdad de género están lejos de ser alcanzados. Es por estos antecedentes que nos encontramos en un momento crucial para seguir avanzando en ambas agendas. Además, las próximas elecciones de Estados Unidos a finales de este año presentan la posibilidad de un cambio político hacia el conservadurismo. Siendo este país un actor político clave en ALC, este giro tendrá, sin duda, un impacto inmediato en la región, en particular en la SDJSR.
Contexto regional
En ALC, una serie de victorias electorales en los últimos años ha resultado en liderazgos gubernamentales progresistas, como es el caso de Chile, Brasil, Colombia y Guatemala. Por el contrario, otros países de la región cuentan con gobiernos ultraconservadores, como en Argentina y El Salvador, este último destacándose por poseer una de las políticas más regresivas en materia de autonomía corporal de las mujeres y personas de género diverso, siendo la prohibición total del aborto.
Al igual que en El Salvador, la SDSRJ es motivo de especial atención en las agendas conservadoras en la región. El gobierno del presidente Milei en Argentina destituyó el Ministerio de la Mujer en los primeros meses de su mandato, mientras que el gobierno del presidente Lula da Silva no pudo detener un proyecto de ley impulsado por congresistas conservadores, buscando criminalizar los abortos en etapa avanzada en Brasil.
Estos ataques a la SDJSR no se observan sólo a nivel nacional. Los gobiernos conservadores de ALC utilizan cada vez más las instancias regionales y globales de toma de decisión para avanzar en sus agendas regresivas. El ejemplo más reciente se registró en la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Asunción, Paraguay, el pasado junio. Comúnmente conocido como un espacio de alta complejidad política, e influenciado por grupos religiosos y conservadores bien financiados, la Asamblea contó con una amplia participación de representantes de Paraguay y Argentina, cuyos diplomáticos cuestionaron puntos de la agenda relacionada a la SDSRJ y los Derechos Humanos en general. Otro resultado preocupante fue la elección de jueces conservadores para la Corte Interamericana de Justicia durante esta sesión de la Asamblea. Dicho contexto genera dudas respecto a futuros procedimientos legales presentados ante la corte, en particular, los que se relacionan con la SDJSR.
El Consenso de Montevideo y el liderazgo de la región de ALC en materia de SDJSR
El Consenso de Montevideo (2013) se erige como un faro de esperanza en una región altamente desigual y sujeta a dinámicas políticas cambiantes. Este Consenso dedica un capítulo entero a los servicios de salud sexual y reproductiva, otro a la igualdad de género, a las comunidades indígenas, a los afrodescendientes, a los jóvenes, adolescentes, niñas y niños, así como a las poblaciones migrantes. Resultando en un acuerdo histórico, este sigue siendo uno de los documentos intergubernamentales más progresistas a nivel mundial.
Desde su aprobación hace más de 10 años, la región de ALC ha asumido un papel crucial en espacios multilaterales a nivel internacional, posicionando la agenda de SDJSR desde el Sur Global. A modo de ejemplo, la región ha defendido y respaldado la educación integral en sexualidad (EIS) en diversos espacios de toma de decisión. Además, el movimiento de la ola verde, nacido en Argentina, se ha extendido más allá de las fronteras y océanos y ha logrado la despenalización del aborto en varios países de la región, más recientemente en Colombia, Argentina y muchos Estados de México.
Además de ser defensora de esta agenda, la región juega un rol de intermediario con otras regiones. Al estar situada en el Sur Global, la mayoría de los países de la región cuentan con experiencia de primera mano en dinámicas macroeconómicas dañinas como lo son la deuda, las medidas de austeridad, las sanciones y los flujos financieros ilícitos. La SDJSR en la región se ve afectada por estas dinámicas macroeconómicas. Por ejemplo, las medidas forzadas de austeridad afectan el gasto público en servicios sociales y de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Es por esto, que la región puede actuar como constructor de puentes con otras regiones del Sur Global, sometidas a políticas similares que dañan no sólo las economías de los países, sino que afectan directamente a la SDJSR de mujeres, niñas y personas de género diverso.
La Quinta CRPD
Desde la adopción del Consenso de Montevideo, los gobiernos de la región de ALC se reúnen cada dos años para hacer un balance y revisar la implementación del Consenso. El año pasado, en una reunión del órgano directivo de la CRPD, algunos gobiernos y otras partes interesadas resaltaron la necesidad de fortalecer el lenguaje relacionado con las comunidades sistemáticamente excluidas, tales como las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas. Miembros de estas comunidades de toda la región destacan la desigualdad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, las desigualdades territoriales afectan el acceso a la salud de las comunidades rurales, siendo en su mayoría indígenas. Además, las políticas capacitistas limitan la accesibilidad para las personas con discapacidad, según los informes regionales elaborados por la Alianza Fos Feminista, con datos recopilados por más de 20 organizaciones y redes regionales y nacionales.
Bajo este contexto, la Quinta CRPD, llevada a cabo este año y liderada por el gobierno de Colombia, fue diferente a las anteriores. Las mujeres con discapacidad de toda la región alzaron sus voces para exigir inclusión y una debida rendición de cuentas. Además, llamaron a que se respetara su SDJSR. Se pronunciaron para exigir visibilidad y reconocimiento, no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres con discapacidad, afrodescendientes e indígenas con discapacidad y por sus diversas identidades y orientaciones sexuales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo responsable de organizar esta reunión, en colaboración con la oficina regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y los distintos gobiernos, proporcionaron interpretación en lenguaje de señas durante la reunión, y organizaron un panel dedicado a los derechos de las personas con discapacidad durante la agenda principal. En dicha instancia, una mujer de un colectivo de mujeres con discapacidad de Argentina leyó la Declaración de la Sociedad Civil, documento elaborado por más de 300 organizaciones y redes de la sociedad civil, marcando otro hito importante en la inclusión de las voces de esta comunidad.
El reconocimiento y la priorización de las mujeres con discapacidad fue posible gracias al arduo trabajo de las organizaciones y colectivos liderados por mujeres con discapacidad, con el apoyo de aliadas en el movimiento feminista más amplio. Son estos grupos los que continúan trabajando a nivel comunitario, nacional y regional para promover la SDJSR a través de la prestación de servicios, la educación, la incidencia política y una intensa colaboración.
La Resolución
Además de los esfuerzos realizados para incluir las voces de las mujeres con discapacidad en la reunión, la Resolución– documento político aprobado por unanimidad después de acaloradas negociaciones entre los gobiernos, y la incidencia política activa del movimiento feminista – marca cuatro importantes victorias políticas que ilustran el impacto de este trabajo colaborativo.
En primer lugar, se crea el “Grupo de Cartagena”, un grupo intergubernamental que trabajará en los derechos de las personas con discapacidad, y que tiene como objetivo “examinar posibles estrategias para avanzar en la integración de las personas con discapacidad“. Este resultado es otro producto de las demandas por una mayor visibilidad y participación de las mujeres con discapacidad.
En segundo lugar, la Resolución reafirma el Consenso y todos los elementos que lo componen, citándolo como una “hoja de ruta regional para la implementación de la Agenda 2030“. En tercer lugar, llama a ” fortalecer las sinergias y profundizar los espacios de cooperación” de diversos organismos regionales con la “participación de la sociedad civil […] relacionados con los temas del Consenso de Montevideo“. En un contexto global donde la sociedad civil y el espacio cívico están bajo amenaza, esta mención representa otra importante victoria política.
Finalmente, por primera vez en once años desde la adopción del Consenso, la Resolución hace mención específica a la “protección de los derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas y niños. Esto demuestra la continua priorización de esta agenda por parte de los Estados, y sirve como recordatorio del Programa de Acción de la CIPD, en su 30º año de existencia. La inclusión de “derechos” en lugar de “salud o servicios”, marca un precedente al situar el debate en el contexto más amplio de los derechos humanos.
Si bien celebramos estas cuatro victorias, también surgieron ciertos argumentos preocupantes durante las negociaciones entre los países. Algunos Estados siguen rechazando las diversas identidades de género, debilitando el lenguaje inclusivo en el uso de datos desagregados en la Resolución. A pesar de que ciertos gobiernos recomendaron incluir un lenguaje inclusivo sobre datos desagregados por identidades diversas incluyendo la de género, esto no se mantuvo en el texto final. La Resolución “insta a los Gobiernos de la región a que voluntariamente lo decidan para seguir fortaleciendo sus sistemas […] producir y divulgar con transparencia […] datos, desglosados por identidad de género […]“. Esto no sorprende, ya que incluso en el Consenso, los derechos y necesidades de las personas transgénero y de género diverso no están suficientemente incluidos. Sin embargo, el debate presenta una importante oportunidad de incidencia para garantizar la inclusión de todas las comunidades sistemáticamente excluidas.
Mirando hacia el futuro
Si bien acogemos los resultados de esta reunión regional, instamos a los gobiernos de ALC a garantizar el financiamiento y la implementación de políticas y programas que cumplan con las promesas hechas en el Consenso de Montevideo. La SDJSR seguirá siendo un tema prioritario en el segundo semestre de este año, en donde casi la mitad de la población mundial ha acudido y acudirá a las urnas para elegir a sus líderes, y donde los jefes de Estado se reunirán en la Cumbre del Futuro en septiembre. Por esta razón, esperamos que los gobiernos de ALC seguirán siendo una voz fuerte del Sur Global en defensa de la SDJSR dentro de los espacios multilaterales.
