Sin duda el avance legal y jurídico es fundamental, pero el cambio cultural y social es igual de importante, y para eso se requiere fortalecer las acciones de gobierno en favor de la salud, la educación, el empleo y en general la inclusión de personas LGBT+
El texto fue originalmente publicado por Animal Político
La Suprema Corte de Estados Unidos nos recordó que los derechos humanos no están asegurados para nadie. Hace unos días, al revelarse la intención de echar abajo el derecho al aborto, se encendieron también las alertas entre activistas LGBT+ porque después de tirar el derecho a decidir en varios estados es muy probable que se vaya a validar la constitucionalidad de diversas expresiones de LGBT-fobia que se están legislando en Florida, Texas, Mississippi y otra veintena de entidades.
Hace apenas 10 años esto parecía impensable: el avance del matrimonio igualitario en el mundo iba imparable, las leyes de identidad de género brindaban por fin una personalidad jurídica a las personas trans, las empresas más importantes se volvían gay-friendly y políticos abiertamente LGBT+ tomaban posiciones clave.
Hoy los estadounidenses ven con asombro cómo décadas de lucha podrían irse al caño por culpa de los movimientos fundamentalistas evangélicos, los nacionalistas blancos y muchos republicanos quienes ya están restringiendo el acceso a la información sobre diversidad sexual en las escuelas, legalizan la discriminación bajo el pretexto de la “libertad”, restringen los lugares a los que pueden acudir las personas trans y, quizá pronto, algunos quieran ir contra el matrimonio igualitario.
Pero ¿qué tiene esto que ver con México y América Latina? En muchas ocasiones pensamos que en estos momentos de la historia sólo puede haber avances. Que la batalla legal y cultural está ganada por quienes creemos que los derechos de las personas LGBT+ deben ser respetados. Basta con voltear a ver a Brasil, Guatemala y Perú para ver que no es así. Peor aún si volteamos a ver lo que ocurre en otros países del mundo donde ha habido retrocesos importantes en el reconocimiento de la diversidad sexual en el último par de años como Indonesia, Hungría, Polonia, Turquía y Ghana.
En Brasil, el presidente Bolsonaro impulsa una cruzada en contra de las políticas a favor de los derechos de las personas LGBT+. En Guatemala llevan años promoviendo leyes que buscan limitar lo que los conservadores llaman “ideología de género”, particularmente restringiendo los derechos de personas trans. En Perú aprobaron una ley que permitirá que padres y madres de familia puedan solicitar la eliminación de contenidos sobre género y diversidad en las escuelas. Incluso en un país tradicionalmente laico como Cuba, la propuesta de matrimonio igualitario ha estado detenida por años por presión de las iglesias evangélicas.
Esto sumado a que en nuestra región es un peligro ser LGBT+ por los asesinatos, la violencia y la discriminación, aún en países con una buena legislación como lo son México, Colombia y Argentina. Incluso donde hay leyes de identidad de género, se sigue rechazando a las personas trans en espacios formales de empleo; incluso donde los crímenes de odio por homofobia están tipificados, sigue la impunidad hacia quienes cometen un asesinato por odio; incluso donde existe legislación contra las mal llamadas “terapias de conversión”, sigue habiendo charlatanes que ejercen diciendo que pueden curar la homosexualidad.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Sin duda el avance legal y jurídico es fundamental, pero el cambio cultural y social es igual de importante. Cambiar actitudes desde la base es fundamental, ya que otra forma esas leyes y normas no se podrán sostener con el tiempo. La educación sexual con enfoque de género y diversidad, las estrategias de concientización sobre los derechos humanos, las campañas de promoción de la cultura de la no discriminación, entre otras acciones, son cruciales.
En México, la Suprema Corte ha sido muy enfática en la progresividad de los derechos, es decir, que no puede haber retrocesos, pero no es igual en todos los países de la región. Además, la composición de la Corte podría eventualmente dar un giro ideológico, lo cual por ahora se ve bastante lejano, pero no olvidemos que a los conservadores en Estados Unidos tuvieron la mirada justo en esta situación durante casi cinco décadas y finalmente lo lograron.
El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos y activistas sigue siendo básico. La visibilidad en los medios y con influencers también es crucial. Pero lo que más hace falta es el fortalecimiento de acciones de gobierno -en todos los niveles- que llevan años implementando acciones muy limitadas en favor de la salud, la educación, el empleo o en general, la inclusión de personas LGBT+.
Muchos funcionarios del actual gobierno federal se han pronunciado a favor de los derechos de las personas LGBT+, tenemos incluso diputadas trans en el Congreso, pero los presupuestos, las estrategias y las políticas públicas específicas no se ven por ningún lado. En el actual sexenio ha habido un avance en varios estados para aprobar leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario, se han prohibido las “terapias de conversión” en casi una decena de entidades, pero las LGBT-fobias no se eliminan cambiando una ley. Ciertamente son necesarios los cambios legislativos y jurídicos, pero no son suficientes.
Volteando a ver a nuestro vecino del norte, vemos cómo estados que llevan años impulsando estrategias de inclusión como California, Nueva York, Oregón o Massachussets son muy diferentes a los que dejaron crecer las mentiras y el odio de los grupos y los políticos anti-derechos como Alabama, Wyoming o Indiana. Vemos un país -que vio nacer al movimiento LGBT+- dividido entre quienes creen en la autonomía corporal y los derechos humanos versus quienes anteponen sus valores fundamentalistas y supremacistas.
No pensemos que “a nosotros no nos va a pasar” porque esos mismos grupos anti-derechos de Estados Unidos tienen presencia en nuestra región y financian actividades para minar el avance de nuestros derechos. Disfrutemos de los derechos alcanzados en México y otros países de América Latina, pero sin olvidar que la amenaza conservadora sigue acechando y que cuando menos lo esperemos algún giro en lo político o lo social puede venir a cambiar las cosas.
Sigamos tejiendo alianzas e impulsando que los gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos humanos, aseguren que haya justicia para las personas LGBT+, que haya acciones de promoción y sensibilización y, sobre todo, que reconozcan que nuestra vida y nuestra dignidad vale lo mismo que la de cualquier persona, sin importar nuestra orientación sexual, expresión o identidad de género, y características sexuales.
El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia (IDAHO) también conocido como Día Internacional contra las LGBT-fobias, así que es un buen día para recordar que la lucha por la igualdad continúa y que si bien tenemos que celebrar el terreno ganado, no podemos retroceder ni un solo paso.
