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Declaración: Sexta sesión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe
Declaración — Sexta sesión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe
Las organizaciones latinoamericanas miembros de la alianza Fòs Feminista, presentes en la Sexta Sesión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo en agosto de 2026, desean manifestar lo siguiente respecto de la Resolución 6 aprobada en esa sesión.
Celebramos que los Estados de la región hayan reafirmado el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo como la hoja de ruta regional para el avance de los derechos humanos en materia de población y desarrollo. Trece años después de su adopción en esta misma ciudad, el Consenso sigue siendo el acuerdo más avanzado que tenemos como región en esta agenda, y su reconocimiento en el contexto regional actual es algo que celebramos.
Aplaudimos que la resolución pida un mayor cumplimiento de las medidas prioritarias del Consenso mediante acciones específicas, una asignación adecuada de recursos y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para su implementación y seguimiento.
Consideramos positivamente los avances contenidos en la Resolución 6 de la Conferencia, como el reconocimiento de los derechos de las personas que viven en la calle, identificadas como uno de los grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, reconociendo su autonomía y su participación efectiva en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas que les afectan. Asimismo, reconocemos el compromiso de combatir el racismo y la discriminación racial y de abordar las desigualdades que afectan a las personas de origen africano y a los pueblos indígenas; el énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes contra todas las formas de violencia, incluidas las que se producen en los entornos digitales; y el reconocimiento de su autonomía progresiva; y la voluntad de trabajar de manera más decidida y transversal en los derechos de las personas con discapacidad. Destacamos también que la resolución reconoce la reconfiguración de los tipos de familia y la reducción del tamaño de los hogares como parte de los cambios en la dinámica demográfica que los Estados deben tener en cuenta en la elaboración y financiación de las políticas públicas, incluidos los sistemas de atención y protección social.
Estamos agradecidos de que la resolución reconozca al movimiento feminista, a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de jóvenes como actores esenciales en la implementación y el seguimiento del Consenso, y de que tenga en cuenta la declaración que surgió de espacios como el Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Foro de la Juventud.
Sin embargo, consideramos necesario pedir una reflexión.
No podemos dejar pasar este momento sin también tener en cuenta el cambio en las prioridades políticas de los gobiernos de la región en materia de derechos humanos, cuya garantía es fundamental para las democracias y el desarrollo sostenible de nuestros países.
Consideramos con preocupación los retrocesos que han sufrido varios gobiernos de la región en la implementación de una educación sexual integral, en el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y de calidad, y en el reconocimiento efectivo de la autonomía física de las personas y de su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida, lo que se refleja en los limitados avances regionales en la despenalización del aborto. También nos preocupa la persistencia del embarazo y la maternidad en la infancia y la adolescencia, que en nuestra región sigue siendo una expresión directa de la negligencia estatal debido a la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva integrales. A esto se suma la existencia de normas e instituciones sociales y institucionales que minimizan o incluso justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes, como en el caso de los matrimonios precoces.
Nos preocupa el aumento sostenido de la violencia de género, sus manifestaciones en el ámbito digital y la escasa protección institucional de los movimientos sociales y feministas, en un contexto en el que el acortamiento del espacio cívico y la deslegitimación y persecución de las organizaciones defensoras de los derechos humanos se han convertido en una tendencia regional.
Nos preocupa igualmente la debilidad de la participación de la sociedad civil en los propios espacios multilaterales. La restricción del acceso a las salas de negociación, la reducción de los mecanismos formales de promoción y el descenso de la participación de la sociedad civil en las delegaciones oficiales limitan nuestra capacidad para influir en los textos que posteriormente definen las políticas que nos afectan y erosionan la calidad democrática de estos procesos. Esta Conferencia reconoce al movimiento feminista, a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de jóvenes como actores esenciales en el seguimiento y la implementación del Consenso, e insta a los Estados a garantizar que sus delegaciones oficiales sean inclusivas, diversas y plurales y incluyan a representantes de la sociedad civil. Exigimos que este reconocimiento esté en consonancia con las condiciones reales de participación: el reconocimiento en papel no es un sustituto del acceso efectivo a los espacios donde se toman las decisiones.
Cada uno de estos contratiempos se produce en relación con medidas prioritarias que los Estados de esta región ya han acordado. No estamos pidiendo nuevos compromisos: estamos exigiendo el cumplimiento de los que ya existen.
La inclusión de poblaciones específicas en los textos no equivale a su reconocimiento efectivo. Los avances en el lenguaje solo son reales si se traducen en políticas públicas, presupuestos, instituciones con la capacidad de garantizar el cumplimiento, mecanismos de supervisión y seguimiento, información estadística desagregada y la participación efectiva de quienes históricamente han estado excluidos del proceso de toma de decisiones.
Exigimos que estos compromisos no queden en papel. El estándar por el cual las organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe evaluarán el camino hacia la próxima Conferencia y sus reuniones de la Presidencia será la preservación de lo acordado, la implementación de lo pendiente y el avance en lo ganado; y también es el compromiso que nos asumimos como parte del ecosistema de la sociedad civil: seguir siendo activos y mantener la promoción ante nuestros Estados y en espacios regionales y globales.
Declaración – Sexta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
Las organizaciones latinoamericanas integrantes de la alianza Fòs Feminista, presentes en el marco de la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo en agosto de 2026, manifestamos lo siguiente sobre la Resolución 6 adoptada en el espacio.
Celebramos que los Estados de la región hayan reafirmado el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo como la hoja de ruta regional para el avance de los derechos humanos en materia de población y desarrollo. Trece años después de su adopción en esta misma ciudad, el Consenso sigue siendo el acuerdo más avanzado que tenemos como región en esta agenda, y su reconocimiento en el actual contexto regional es algo que celebramos.
Aplaudimos que la resolución llame a reforzar el cumplimiento de las medidas prioritarias del Consenso mediante acciones específicas, la asignación adecuada de recursos y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para su implementación y seguimiento.
Valoramos de manera positiva los avances que se enmarcan en la Resolución 6 de la Conferencia, como el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de calle, identificadas como uno de los grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad, reconociendo su autonomía y su participación efectiva en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas que las afectan. Reconocemos asimismo el compromiso de combatir el racismo y la discriminación racial y de abordar las desigualdades que afectan a las personas afrodescendientes y a los Pueblos Indígenas; el énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a todas las formas de violencia, incluida la ejercida en entornos digitales, y el reconocimiento de su autonomía progresiva; y la voluntad de trabajar de manera más contundente y transversal los derechos de las personas con discapacidad. Destacamos también que la resolución reconozca la configuración de los tipos de familias y la reducción del tamaño de los hogares como parte de los cambios en las dinámicas demográficas que los Estados deben considerar en el diseño y financiamiento de las políticas públicas, incluidos los sistemas de cuidados y de protección social.
Agradecemos que la resolución reconozca al movimiento feminista, a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de jóvenes como actores esenciales en el seguimiento y la implementación del Consenso, y que tome nota de la declaración que surgiera de espacios como el Foro de Organizaciones de Sociedad Civil y el Foro de Juventudes.
Sin embargo, consideramos necesario hacer un llamado a la reflexión.
No podemos dejar pasar este momento sin pensar también en el desplazamiento de las prioridades políticas de los gobiernos de la región en materia de derechos humanos, cuya garantía resulta fundamental para las democracias y el desarrollo sostenible de nuestros países.
Vemos con preocupación los retrocesos de varios gobiernos de la región en la implementación de la educación integral para la sexualidad, en el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y de calidad, y en el reconocimiento efectivo de la autonomía física de las personas y de su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida, lo cual se ve reflejado en los pocos avances regionales en materia de despenalización del aborto. Nos preocupa también la persistencia del embarazo y la maternidad en la niñez y la adolescencia, que en nuestra región continúa siendo expresión directa de negligencia estatal debido a la falta de acceso a servicios integrales de salud sexual y salud reproductiva. A ello se suma la existencia de normas y prácticas sociales e institucionales que minimizan o incluso justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes, como en el caso de las uniones tempranas.
Nos preocupa el aumento sostenido de las violencias por razón de género, sus manifestaciones en el ámbito digital, y la escasa protección institucional de los movimientos sociales y feministas, en un contexto en el que la reducción del espacio cívico, la deslegitimación y la persecución de las organizaciones que defendemos derechos humanos se ha vuelto una tendencia regional.
Nos preocupa también el debilitamiento de la participación de la sociedad civil en los propios espacios multilaterales. La restricción del acceso a las salas de negociación, la reducción de los mecanismos formales de incidencia y la disminución de la participación de la sociedad civil en las delegaciones oficiales limitan nuestra capacidad de influir en los textos que luego definen las políticas que nos afectan, y erosionan la calidad democrática de estos procesos. Esta Conferencia reconoce al movimiento feminista, a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de jóvenes como actores esenciales en el seguimiento y la implementación del Consenso, e insta a los Estados a que sus delegaciones oficiales sean inclusivas, diversas y plurales e incorporen a representantes de la sociedad civil. Exigimos coherencia entre ese reconocimiento y las condiciones reales de participación: el reconocimiento en papel no sustituye el acceso efectivo a los espacios donde se decide.
Cada uno de estos retrocesos se produce sobre medidas prioritarias que los Estados de esta región ya acordaron. No estamos pidiendo compromisos nuevos: estamos exigiendo que se cumplan los que ya existen.
La inclusión de poblaciones específicas en los textos no equivale a su reconocimiento efectivo. Los avances en el lenguaje son reales únicamente si se traducen en políticas públicas, presupuestos, instituciones con capacidad para garantizar su cumplimiento, mecanismos de vigilancia y monitoreo, información estadística desagregada y participación efectiva de quienes históricamente han quedado marginados de las decisiones.
Exigimos que estos compromisos no queden en el papel. Preservar lo acordado, implementar lo pendiente y avanzar sobre lo conquistado: ese es el estándar con el que las organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe evaluaremos el camino hacia la próxima Conferencia de Población y Desarrollo, así como las reuniones de Mesa Directiva que se desarrollen; y también es el compromiso que nos asumimos como parte del ecosistema de organizaciones de la sociedad civil: mantener una incidencia activa y sostenida ante nuestros Estados, espacios regionales y globales.
Declaración — Sexta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
Las organizaciones latinoamericanas integrantes de la alianza Fòs Feminista, presentes en la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo en agosto de 2026, manifestamos lo siguiente respecto de la Resolución 6 adoptada en esa reunión.
Nos complace que los Estados de la región hayan reafirmado el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo como el plan regional para avanzar en los derechos humanos en materia de población y desarrollo. Trece años después de su adopción en esta misma ciudad, el Consenso sigue siendo el acuerdo más avanzado que tenemos como región en esta agenda, y su reconocimiento en el contexto regional actual es algo que celebramos.
Aplaudimos que la resolución pida el fortalecimiento del cumplimiento de las medidas prioritarias del Consenso mediante acciones específicas, la asignación adecuada de recursos y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para su implementación y seguimiento.
Valoramos positivamente los avances contenidos en la Resolución 6 de la Conferencia, como el reconocimiento de los derechos de las personas sin hogar, identificadas como uno de los grupos populacionales en mayor situación de vulnerabilidad, reconociendo su autonomía y su participación efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas que les afectan. Reconocemos igualmente el compromiso de combatir el racismo y la discriminación racial y de abordar las desigualdades que afectan a las personas afrodescendientes y a los Pueblos Indígenas; la atención a la protección de niñas, niños y adolescentes frente a todas las formas de violencia, incluso la ejercida en entornos digitales, y el reconocimiento de su autonomía progresiva; y la disposición a trabajar de manera más contundente y transversal los derechos de las personas con discapacidad. También destacamos que la resolución reconoce la reconfiguración de los tipos de familia y la reducción del tamaño de los hogares como parte de los cambios en las dinámicas demográficas que los Estados deben considerar en el diseño y el financiamiento de las políticas públicas, incluidos los sistemas de cuidados y protección social.
Agradecemos que la resolución reconozca al movimiento feminista, a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de jóvenes como actores esenciales en el seguimiento y la implementación del Consenso, y que tome nota de la declaración surgida de espacios como el Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Foro de Jóvenes.
Sin embargo, consideramos necesario hacer un llamado a la reflexión.
No podemos dejar pasar este momento sin considerar también el desplazamiento de las prioridades políticas de los gobiernos de la región en materia de derechos humanos, cuya garantía es fundamental para las democracias y para el desarrollo sostenible de nuestros países.
Observamos con preocupación los retrocesos de varios gobiernos de la región en la implementación de la educación integral sobre sexualidad, en el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y de calidad, y en el reconocimiento efectivo de la autonomía física de las personas y de su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida, lo que se refleja en los escasos avances regionales en materia de despenalización del aborto. También nos preocupa la persistencia de la maternidad y la gestación en la infancia y la adolescencia, que en nuestra región sigue siendo una expresión directa de negligencia estatal debido a la falta de acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Esto se suma a la existencia de normas y prácticas sociales e institucionales que minimizan o incluso justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes, como en el caso de las uniones precoces.
Nos preocupa el aumento sostenido de las violencias de género, sus manifestaciones en el ámbito digital, y la escasa protección institucional de los movimientos sociales y feministas, en un contexto en el que la reducción del espacio cívico y la deslegitimación y persecución de las organizaciones que defienden los derechos humanos se han convertido en una tendencia regional.
Nos preocupa igualmente la disminución de la participación de la sociedad civil en los propios espacios multilaterales. La restricción del acceso a las salas de negociación, la reducción de los mecanismos formales de incidencia y la disminución de la participación de la sociedad civil en las delegaciones oficiales limitan nuestra capacidad de influir en los textos que luego definen las políticas que nos afectan, y erosionan la calidad democrática de estos procesos. Esta Conferencia reconoce al movimiento feminista, las organizaciones de la sociedad civil y las redes de jóvenes como actores esenciales en el seguimiento y la implementación del Consenso, y exhorta a los Estados a garantizar que sus delegaciones oficiales sean inclusivas, diversas y plurales y incorporen representantes de la sociedad civil. Exigimos coherencia entre este reconocimiento y las condiciones reales de participación: el reconocimiento en papel no sustituye el acceso efectivo a los espacios donde se decide.
Cada uno de estos retrocesos se produce en relación con medidas prioritarias que los Estados de esta región ya acordaron. No estamos pidiendo nuevos compromisos: estamos exigiendo el cumplimiento de los que ya existen.
La inclusión de poblaciones específicas en los textos no equivale a su reconocimiento efectivo. Los avances en la lengua solo son reales si se traducen en políticas públicas, presupuestos, instituciones con capacidad para garantizar su cumplimiento, mecanismos de fiscalización y monitoreo, información estadística desagregada y participación efectiva de quienes históricamente quedaron al margen de las decisiones.
Exigimos que estos compromisos no se queden en papel. El patrón con el que las organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe evaluarán el camino hacia la próxima Conferencia y las reuniones de su Mesa Directiva es preservar lo acordado, implementar lo pendiente y avanzar sobre lo conquistado; y también es el compromiso que asumimos, como parte del ecosistema de la sociedad civil, de seguir siendo activas y sostener la incidencia ante nuestros Estados y en los espacios regionales y globales.
Declaración — Sexta sesión de la Conferencia Regional sobre la Población y el Desarrollo en América Latina y los Cara-
Las organizaciones latinoamericanas miembros de la alianza Fòs Feminista, presentes en la Sexta Sesión de la Conferencia Regional sobre la Población y el Desarrollo en América Latina y los Caraibes, celebrada en Montevideo en agosto de 2026, deseamos declarar lo siguiente sobre la Resolución 6 aprobada en dicha sesión.
Aplaudimos el hecho de que los Estados de la región hayan reafirmado el Consenso de Montevideo sobre la población y el desarrollo como hoja de ruta regional para el avance de los derechos humanos en materia de población y desarrollo. Trece años después de su adopción en esa misma ciudad, el Consenso sigue siendo el acuerdo más avanzado que tenemos como región sobre este tema, y su reconocimiento en el contexto regional actual es algo que celebramos.
Aplaudimos el hecho de que la resolución pida fortalecer el respeto de las medidas prioritarias del Consenso mediante acciones específicas, la asignación adecuada de recursos y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para su implementación y seguimiento.
Consideramos positivamente las avances contenidos en la Resolución 6 de la Conferencia, como el reconocimiento de los derechos de las personas sin hogar, identificadas como uno de los grupos de población más vulnerables, reconociendo su autonomía y su participación efectiva en la concepción, implementación y evaluación de las políticas que les afectan. También aplaudimos el compromiso de combatir el racismo y la discriminación racial y de abordar las desigualdades que afectan a las personas afrodescendientes y a los pueblos indígenas; el enfoque centrado en la protección de niñas, niños y adolescentes contra todas las formas de violencia, incluidas las ejercidas en entornos digitales; así como la voluntad de trabajar de manera más decidida y transversal sobre los derechos de las personas con discapacidad. También destacamos que la resolución reconoce que la reconfiguración de los tipos de familias y la reducción del tamaño de los hogares son parte de los cambios en las dinámicas demográficas que los Estados deben tener en cuenta al diseñar y financiar políticas públicas, incluidos los sistemas de atención y protección social.
Nos complace que la resolución reconozca al movimiento feminista, a las organizaciones de la sociedad civil y a las redes de jóvenes como actores esenciales del seguimiento y la implementación del Consenso, y que tome nota de la declaración emitida por espacios como el Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Foro de Jóvenes.
Sin embargo, consideramos necesario hacer un llamamiento a la reflexión.
No podemos dejar pasar este momento sin considerar también el desplazamiento de las prioridades políticas de los gobiernos de la región en materia de derechos humanos, cuya garantía es fundamental para las democracias y el desarrollo sostenible de nuestros países.
Observamos con preocupación los retrocesos de varios gobiernos de la región en la implementación de la educación integral sobre sexualidad, el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y de calidad, y el reconocimiento efectivo de la autonomía física de las personas y de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sus proyectos de vida, lo que se refleja en los débiles avances regionales en la despenalización del aborto. También nos preocupan la persistencia de embarazos y maternidades durante la infancia y la adolescencia, que en nuestra región sigue siendo la expresión directa de la negligencia de los Estados debido a la falta de acceso a servicios completos de salud sexual y reproductiva. A esto se suma la existencia de normas y prácticas sociales e institucionales que minimizan o incluso justifican la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, como en el caso de las uniones precoces.
Estamos preocupadas por el aumento sostenido de las violencias basadas en el género, por sus manifestaciones en el ámbito digital, y por la débil protección institucional de los movimientos sociales y feministas, en un contexto en el que la reducción del espacio cívico, así como la deslegitimación y la persecución de las organizaciones que defienden los derechos humanos se han convertido en una tendencia regional.
Estamos igualmente preocupadas por el debilitamiento de la participación de la sociedad civil en los espacios multilaterales mismos. La restricción del acceso a las salas de negociación, la reducción de los mecanismos formales de promoción y la disminución de la participación de la sociedad civil dentro de las delegaciones oficiales limitan nuestra capacidad para influir en los textos que luego definen las políticas que nos afectan, y erosionan la calidad democrática de estos procesos. Esta Conferencia reconoce al movimiento feminista, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de jóvenes como actores esenciales para el seguimiento y la implementación del Consenso, e insta a los Estados a velar por que sus delegaciones oficiales sean inclusivas, diversas y plurifacéticas y comprendan representantes y representantes de la sociedad civil. Exigimos coherencia entre este reconocimiento y las condiciones reales de participación: el reconocimiento en papel no sustituye el acceso efectivo a los espacios donde se toman las decisiones.
Cada uno de estos retrocesos se refiere a medidas prioritarias que los Estados de esta región ya han adoptado. No pedimos nuevos compromisos: exigimos el respeto de los que ya existen.
La inclusión de poblaciones específicas en los textos no equivale a su reconocimiento efectivo. Los avances en materia de lenguaje solo son reales si se traducen en políticas públicas, presupuestos, instituciones capaces de garantizar su cumplimiento, mecanismos de control y seguimiento, información estadística desagregada y participación efectiva de quienes históricamente han sido excluidos de las decisiones.
Exigimos que estos compromisos no queden en el papel. La norma por la que las organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y los Cara-bajos evaluarán el camino hacia la próxima Conferencia y hacia las reuniones de su Mesa es la preservación de lo acordado, la implementación de lo que queda pendiente y el avance en lo conquistado; y también es el compromiso que nos tomamos, como parte del ecosistema de la sociedad civil, de seguir siendo activas y de apoyar la campaña en nuestros Estados y en los espacios regionales y mundiales.